Artículo publicado el día de hoy en El Cronista,
Desde hoy, 4 de mayo, el acuerdo
entre la Unión Europea y el Mercosur empezó a regir en la práctica. El comercio
empieza a moverse bajo nuevas reglas. Se trata de uno de los hitos más
importantes del Mercosur y en particular, del comercio exterior argentino en
décadas, una puerta abierta a un mercado de alto poder adquisitivo que promete
oportunidades enormes.
Pero hay un problema que todavía
no se está diciendo con la suficiente claridad —y que en los próximos meses
puede marcar ganadores y perdedores—: para la mayoría de las pymes argentinas,
el acuerdo hoy es, en la práctica, muy difícil de usar.
Durante años, la discusión giró
alrededor de los aranceles. Cuánto bajan, en qué plazos, qué sectores se
benefician. Esa es la parte visible, la que entra en los titulares. Pero la
experiencia internacional y la propia letra del acuerdo muestran otra cosa: el
verdadero partido no se juega ahí. Se juega en la capacidad concreta de las
empresas para entender, cumplir y operar dentro de un entramado técnico mucho
más complejo. En otras palabras, el negocio ya no es exportar. El negocio es
lograr entrar.
El propio acuerdo reconoce esta
dificultad. No es casual que incluya un capítulo específico dedicado a las
pequeñas y medianas empresas, donde se admite que los obstáculos no
arancelarios —normas técnicas, requisitos sanitarios, burocracia y falta de información—
pesan mucho más sobre ellas que sobre las grandes compañías. Sobre el papel, el
diseño es potente: se prevén plataformas digitales, bases de datos por posición
arancelaria, coordinadores institucionales y mecanismos de asistencia. Un
verdadero “manual de usuario” para que las pymes puedan aprovechar el acuerdo.
El problema es que ese manual,
hoy, no existe en la práctica.
Los países del Mercosur tienen
hasta tres años para implementar esas herramientas. Es decir, el acuerdo ya
está vigente, pero las condiciones para usarlo de manera efectiva todavía no
están operativas. Y hay un detalle no menor: este capítulo no tiene mecanismos
de sanción. Depende de la voluntad política y de la capacidad técnica de cada
país.
La metáfora es simple: es como
tener un auto 0 km en la puerta de tu casa… pero sin nafta. El vehículo está.
El mercado europeo está. Pero para una pyme, la nafta es otra cosa: entender
reglas de origen, cumplir estándares sanitarios y ambientales, interpretar
requisitos técnicos, navegar certificaciones y acceder a información confiable.
Sin eso, el auto no arranca.
Y acá aparece el verdadero riesgo
del acuerdo. Para una multinacional, todo esto es un costo más. Para una pyme,
puede ser directamente una barrera de entrada. Si no se acelera la construcción
de estos instrumentos, el acuerdo puede terminar generando el efecto contrario
al buscado: ampliar la brecha entre quienes ya exportan y quienes todavía no
logran hacerlo.
Porque además hay algo que el
timing económico no perdona: el que llega primero, gana. Las empresas que
logran entender rápido las reglas capturan mercado, construyen relaciones
comerciales y consolidan posiciones. Las que llegan tarde, muchas veces encuentran
un terreno ocupado.
Y lo más delicado es que, incluso
para quienes ya están en comercio exterior, hoy hay más preguntas que
respuestas. Basta con bajar al terreno operativo para encontrar un nivel de
incertidumbre que no condice con un acuerdo que ya empezó a regir.
En las últimas horas, el Gobierno dio un paso en la
dirección correcta: lanzó una guía digital en el portal de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE), con información sobre aranceles, cuotas,
reglas de origen y cronogramas de desgravación. Es, sin dudas, una herramienta
valiosa. Permite traducir parte del acuerdo —que es técnicamente complejo y de
enorme extensión— en información más accesible para exportadores e
importadores. Ahora bien, conviene decirlo con claridad: esto es condición
necesaria, pero no suficiente.
No está claro, por ejemplo, cómo
se implementarán las posiciones arancelarias en el Sistema María considerando
que el acuerdo trabaja con nomenclaturas anteriores; tampoco cómo se
distribuirán los cupos dentro del Mercosur, lo que abre la puerta a un esquema
de hecho basado en el orden de llegada: al no haber cupos asignados en casi la
totalidad de las mercaderías la
situación se asemeja a un cupo único a nivel bloque con competencia interna de
todos sus exportadores. Existen dudas sobre qué se considerará “paquetes
pequeños” para eximir declaraciones de origen, sobre si se permitirá la
facturación por terceros —una práctica habitual en otros acuerdos—, o sobre qué
criterios utilizarán las aduanas para activar controles bajo la figura de “pequeñas
discrepancias”.
A esto se suman interrogantes
operativos sensibles: si se podrán nacionalizar mercaderías bajo garantía
cuando un cupo esté agotado, cómo se interpretarán los “errores de forma obvios”
en la documentación sin perder el beneficio arancelario, y, en un plano más
estructural, qué nivel de estabilidad jurídica real tiene el acuerdo mientras
sigue bajo revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Nada de esto es menor. Todo esto
define si una operación se concreta o no.
Por eso, la discusión ya no pasa
por si el acuerdo es bueno o malo. La discusión real es quién está en
condiciones de usarlo desde hoy. Porque en teoría el acuerdo abre oportunidades
para todos, pero en la práctica no todos están en condiciones de aprovecharlas.
El capítulo de pymes es un
reconocimiento explícito de un problema estructural del comercio exterior
argentino: su concentración en pocos jugadores y la dificultad del interior
productivo para insertarse en el mundo. Pero reconocer el problema no lo resuelve.
La clave está en la implementación, y esa implementación todavía está en deuda.
El acuerdo UE–Mercosur abre una
puerta enorme. Pero que la puerta esté abierta no significa que todos puedan
cruzarla. Para eso hace falta algo más que una baja de aranceles: hace falta
información, capacitación, acompañamiento y reglas que funcionen en la
práctica. Hace falta, en definitiva, cargarle nafta al sistema.
