En Argentina cada vez que una
fábrica anuncia suspensiones o cierre el reflejo es inmediato: “son las
importaciones”. El caso de FATE volvió a activar ese mecanismo automático. Es
cierto que las importaciones aumentaron: entre 2023 y 2025 crecieron 27% en
cantidad y, en neumáticos, prácticamente se duplicaron. También es cierto que
tenemos cerca de un millón de desocupados, con una tasa del 7,7% según el INDEC,
y que si sumamos subocupación y personas que buscan trabajar más horas la
presión laboral ronda el 30%. El cuadro social es delicado. Pero de ahí a
concluir que todo cierre es culpa de las importaciones hay un salto que no
resiste demasiado análisis.
Argentina arrastra problemas más
profundos que un contenedor que entra por el puerto. Falta de competitividad
sistémica, costos logísticos elevados, presión tributaria alta, financiamiento
caro, inestabilidad macroeconómica y una economía que no termina de despegar.
Las empresas operan con márgenes ajustados en un contexto que aprieta por todos
lados. En ese escenario, cuando el consumo no crece y la productividad no
mejora, cualquier shock externo se vuelve más visible. Pero el origen no
siempre está afuera.
Si efectivamente hubiera un
aumento significativo de importaciones que causara o amenazara causar un daño
grave a toda la rama industrial (Fate no es la única fábrica de neumáticos en el país)—no a una empresa aislada— el Estado dispone de
instrumentos previstos en la OMC, como las salvaguardias. Son medidas
temporales, excepcionales, con plazo máximo inicial de cuatro años y
eventualmente prorrogables hasta ocho, que deben revisarse y liberalizarse
progresivamente. No son un cierre permanente de la economía sino una muleta
transitoria para facilitar el ajuste. Si no se recurre siquiera a ese mecanismo
y la decisión es directamente bajar la persiana, tal vez el problema sea más
estructural que coyuntural.
En paralelo, suele instalarse el
discurso del “compre nacional” como si defender producción a cualquier costo
fuera siempre la respuesta correcta. Pero en la otra punta del ovillo están los
consumidores, que muchas veces pagan precios tres o cuatro veces superiores al
internacional. Nadie quiere trabajadores en la calle ni familias angustiadas.
Pero cuando para sostener un sector obligamos a millones de personas a pagar
sobreprecios permanentes, la economía en su conjunto pierde eficiencia. El
empleo que se preserva debería al menos compensar el empleo potencial que
podría generarse si ese sobrecosto quedara en el bolsillo de los consumidores y
se volcara a otras actividades. Si no, estamos redistribuyendo mal y frenando
crecimiento.
La discusión además suele
cargarse de comparaciones simplistas. Se repite que “Estados Unidos se cierra y
nosotros nos abrimos”. Es una falacia. El Mercosur tiene un arancel externo
común promedio cercano al 14%, históricamente alto. Estados Unidos fue durante
décadas una de las economías más abiertas, con aranceles promedio cercanos al
2%, y aun con los aumentos recientes sus niveles convergen hacia cifras
parecidas a las nuestras, no muy superiores. No estamos frente a una economía
ingenuamente abierta contra otra blindada; estamos discutiendo márgenes de
política comercial dentro de un mundo donde todos ajustan.
La economía política ayuda a
entender por qué el debate se repite. Anne Krueger explicó en “The Rent-Seeking
Society” que cuando el Estado crea barreras artificiales aparecen grupos
organizados cuyo negocio deja de ser competir y pasa a ser capturar renta. No
invierten para ser mejores; invierten en lobby para mantener privilegios.
Argentina vivió años de importaciones cerradas donde florecieron estas
conductas: pocos ganaban mucho, millones pagaban poco cada uno, pero en
conjunto pagaban demasiado.
La caricatura histórica es
brutal. En los años 70 la Cámara Argentina de la Industria Electrónica llegó a
pedir que no se introdujera la televisión en color para proteger la
producción local. Esa lógica es la que Krueger
advertía: cuando la política comercial se convierte en herramienta de renta, la
sociedad pierde dinamismo y crecimiento.
Nada de esto implica ignorar el
impacto humano. Las transformaciones económicas no pueden desentenderse de las
personas. Un gobierno que desregula debería, al mismo tiempo, impulsar
programas de reconversión productiva y capacitación laboral. No se trata de
abandonar sectores de un día para otro, sino de acompañar transiciones hacia
actividades más sostenibles en el tiempo.
El caso FATE no debería convertirse en un eslogan a favor o en contra de las importaciones. Debería servir para discutir algo más profundo: cómo construir competitividad real, cómo repartir mejor los costos de las transiciones y cómo evitar que la protección se transforme en renta permanente. Porque sin reformas estructurales, el problema persiste,
No hay comentarios:
Publicar un comentario