Cuando escribí el análisis sobre el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que limitaba los aranceles globales impulsados por Donald Trump, la discusión parecía encaminarse hacia un punto institucional: si el Presidente podía o no utilizar la política comercial como si fuera una herramienta fiscal sin intervención del Congreso.
La Corte sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede imponer
aranceles amplios invocando una “emergencia económica”, porque en los hechos
funcionan como un impuesto. En cualquier democracia constitucional, los
impuestos corresponden al Poder Legislativo. Pero lejos de retroceder, la
reacción política fue inmediata: Trump elevó el arancel global del 10% al 15% y
comenzó a buscar nuevos encuadres legales para sostener su política comercial.
En otras palabras, la discusión dejó de ser jurídica y pasó
a ser estratégica.
Estados Unidos confirmó que mantendrá sus acuerdos
comerciales con la Unión Europea, China y otros socios, pero la suba de
aranceles reintrodujo incertidumbre global. El mensaje es claro: aun con
límites judiciales, la política comercial seguirá siendo un instrumento central
de negociación internacional.
El problema es que el mundo actual no funciona como el del
siglo XX. Hoy la producción está fragmentada en cadenas globales de valor. Un
producto no pertenece a un país: pertenece a una red. Un avión comercial, por
ejemplo, tiene millones de piezas fabricadas por miles de empresas distribuidas
en todo el mundo. Subir aranceles no solo afecta a los exportadores
extranjeros: encarece los insumos de la propia industria doméstica.
Eso ya empezó a verse. Varias economías asiáticas
reaccionaron con cautela, empresas adelantaron exportaciones por temor a nuevas
subas y los inversores volvieron a operar con incertidumbre. La política
comercial dejó de ser una barrera: pasó a ser una variable financiera.
Un dato interesante surge de los primeros análisis
internacionales: el arancel uniforme del 15% podría perjudicar más a los
aliados históricos de Estados Unidos —Europa, Japón o el Reino Unido— que a
países que ya enfrentaban tarifas elevadas. Paradójicamente, quienes antes
pagaban aranceles muy altos ahora ven reducida su brecha relativa, mientras que
quienes comerciaban con menores barreras pasan a soportar mayores costos.
Pero para la Argentina la cuestión es todavía más directa.
El reciente Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos
con Estados Unidos se apoyaba en la previsibilidad de ese esquema arancelario.
Incluía rebajas importantes —incluso la posibilidad de llevar a 0% más de 1.600
posiciones— y un techo cercano al 10%. Al declararse ilegales los aranceles que
servían como base jurídica y elevarse simultáneamente el gravamen general al
15%, los beneficios potenciales entran en zona gris: podrían requerir
renegociación o, en algunos casos, terminar siendo menos favorables de lo
previsto.
Y ese es el verdadero cambio.
Para países como Argentina, esto implica algo concreto: ya no alcanza con analizar precios o tipo de cambio. La inserción internacional depende cada vez más de entender la política global.
