La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales que Donald Trump había impuesto invocando una “emergencia económica”. El mensaje institucional es potente: en Estados Unidos, cerrar la economía no depende solo de la voluntad del presidente. Si un arancel es, en los hechos, un impuesto, debe pasar por el Congreso.
Trump ya respondió que firmará una orden para aplicar un
arancel global del 10% bajo la Sección 122 y activar investigaciones bajo la
Sección 301. Es decir: la batalla política continúa. Pero el fallo limita el
uso expansivo de la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act),
pensada históricamente para sanciones puntuales —como el bloqueo de activos a
Irán—, no para rediseñar todo el régimen arancelario.
El problema es que la economía global ya no funciona como en
tiempos de David Ricardo. Paul Krugman habla de “desintegración vertical”: las
cadenas globales de valor fragmentan la producción. Un avión puede tener
millones de piezas fabricadas por cientos de empresas en distintos países.
Subir aranceles no solo encarece el bien final importado; también encarece
insumos que usan productores domésticos. Tras el 2 de abril, los precios de
bienes importados subieron… y los domésticos también. Parte por mayores costos;
parte porque, sin competencia externa, el productor local tiene margen para
remarcar.
En el medio, el apodo TACO (“Trump Always Chickens Out”) reflejaba las idas y vueltas: anuncio, pausa, reinstauración, excepción, ampliación. México, Canadá, China, acero, aluminio. La montaña rusa regulatoria fue tan relevante como el nivel de los aranceles.
Lo inesperado fue la reacción del mercado. El S&P 500
cayó casi 19% entre febrero y abril, pero luego se recuperó con fuerza. Los
inversores apostaron a que la Reserva Federal bajaría tasas —con inflación en
torno al 3% y objetivo del 2%— para evitar una desaceleración brusca. Y la
liquidez hizo el resto. Incluso en guerra comercial, Estados Unidos siguió
siendo refugio.
Un artículo de Greg Ip en The Wall Street Journal planteó una tesis incómoda: bajo su propia definición, Trump estaba “ganando”. Logró que el arancel promedio pasara de menos de 2% a cerca de 13%, recaudó miles de millones y no enfrentó represalias devastadoras. China incluso anunció una tregua parcial y reanudó compras agrícolas estratégicas.
Trump entendió algo real: la política comercial es poder. Y,
como explica en The Art of the Deal, su lógica es presionar primero y negociar
después. Para él, los aranceles no son un fin en sí mismo sino una herramienta
de negociación, una forma de sentarse a la mesa desde la fuerza. Avanzar y
retroceder, no es contradicción: es parte
del método. Generar presión, crear incertidumbre, forzar al otro a moverse
primero.
Lo que cambió ahora no es la estrategia, sino el marco. La Justicia dejó claro que en Estados Unidos incluso la
guerra comercial tiene límites constitucionales. Que invocar una “emergencia”
no habilita a rediseñar el sistema arancelario sin el Congreso. Que si el
arancel funciona como impuesto, debe pasar por el Poder Legislativo.
Eso no significa que los aranceles desaparezcan. Significa
que el margen de maniobra unilateral se achica. Y tratándose de Trump, eso no
implica retirada: implica nuevo capítulo.
Para Argentina —que tiene a Estados Unidos como socio
comercial clave junto con Brasil y China— lo que ocurra en Washington no es un
debate académico. Es parte del escenario en el que vendemos, compramos y nos
financiamos.
La guerra comercial no terminó. Pero quedó claro que el
presidente no es el único jugador en la mesa. En la lógica de Trump, la
negociación continúa. En la lógica institucional estadounidense, el poder tiene
contrapesos.
Como en las películas: continuará.
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