Columna publicada en el día de hoy en El Cronista
Existe en la Argentina una ley que todavía obliga a
certificar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de
carrera. Hay otra que autoriza —por las dudas, no vaya a ser— las emisiones de
televisión en color. Y una tercera que exige un carnet para andar a dedo por la
ruta. Nadie las usa, no le molestan a nadie, pero siguen ahí, juntando polvo en
el Boletín Oficial como hojas secas que el otoño dejó pegadas a la rama.A ese follaje muerto el Gobierno le declaró la guerra. El
Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger bautizó “Ley
Hojarasca” al proyecto que en mayo de 2026 obtuvo media sanción en Diputados y
que propone derogar alrededor de setenta leyes y decretos sancionados entre
1864 y 2015. La idea es tan simple como saludable: el país acumuló, capa sobre
capa, un mantillo de normas obsoletas, redundantes o superadas por el paso del
tiempo, y ese mantillo genera costos, burocracia y trabas. Rastrillar el
jardín, sacar la hojarasca, dejar respirar el pasto. Difícil estar en contra.
Pero hay un detalle que conviene decir con todas las letras.
Mientras el rastrillo entra con energía en el jardín del Congreso, en el propio
patio del Poder Ejecutivo quedó una hoja seca que nadie se anima a barrer. Se
llama Resolución General 5617 y es la norma que sostiene el famoso “dólar
tarjeta”: esa percepción del 30% que aparece, mes a mes, en el resumen de
cualquiera que pague una suscripción de streaming, saque un pasaje al exterior
o compre en un sitio de afuera. Lo curioso es que la 5617 encaja, punto por
punto, en la definición de aquello que la Ley Hojarasca dice querer eliminar.
Repasemos su partida de nacimiento, porque ahí está todo. La
resolución se firmó el 18 de diciembre de 2024, apenas cuatro días antes de que
caducara el Impuesto PAIS. Su antecesora, la RG 4815, colgaba enteramente de
aquel tributo de la Ley 27.541. Cuando el PAIS se apagó el 22 de diciembre, el
régimen de percepción quedaba, técnicamente, huérfano. La 5617 fue el
instrumento para evitar esa orfandad, y lo dice sin ruborizarse: sus propios
considerandos reconocen que el fin del PAIS “obliga a la adecuación de la
técnica legislativa” y que se dicta un “nuevo texto ordenado” para “preservar
la continuidad y el alcance” de la percepción. Dicho en criollo: no nació para
nada nuevo. Nació para que algo que se moría siguiera cobrándose bajo otro
nombre. Vino al mundo, literalmente, como hoja seca.
Es la vieja historia argentina, esa que como suele
atribuirse a Milton Friedman podría resumirse en que no hay nada tan permanente
como un impuesto transitorio. Lo transitorio echa raíces, se naturaliza, y un
buen día ya nadie recuerda por qué está.
Hasta acá podría ser una discusión de caja discutible pero
comprensible. Lo que vuelve a la 5617 un caso de manual es lo que pasó cuatro
meses después. El 11 de abril de 2025, mediante la Comunicación “A” 8226, el
Banco Central levantó el cepo cambiario para las personas humanas: desde el 14
de abril cualquiera podía volver a comprar dólares en el mercado oficial, sin
el tope de los US$200 y —acá está la clave— sin percepción alguna sobre la
compra para atesoramiento. Ahora bien, el artículo 1°, inciso a) de la 5617
grava exactamente eso que dejó de aplicarse: la compra de billetes y divisas
“para atesoramiento o sin un destino específico”. Es decir, la resolución
todavía lleva escrito en el cuerpo un supuesto que la propia política cambiaria
del Gobierno vació de sentido. Una hoja seca dentro de la hoja seca. Texto
muerto que nadie se tomó el trabajo de barrer.
¿Y qué hizo el Ejecutivo frente a esa incoherencia? No la
derogó ni la limpió: la fue parchando. La RG 5672/25 sustituyó incisos, derogó
otros y cambió cuadros; la RG 5677/25 sumó nuevas excepciones. En lugar de
rastrillar la hoja, le pegaron cinta y la dejaron colgando. Y así una norma que
perdió a su tributo madre y buena parte de su objeto original sigue
ramificándose hacia los costados, cada vez más frondosa y menos legible.
¿Por qué sobrevive, entonces? La respuesta, como casi
siempre en la Argentina, está menos en el derecho que en la caja. Los números
explican la resistencia. Según datos oficiales a los que accedió El
Cronista, entre enero y abril de 2026 la
percepción de Ganancias aportó $527.859 millones y la de Bienes Personales
$34.668 millones, esta última nada menos que el 14,7% de todo lo que ese
tributo recaudó en el cuatrimestre. No es una propina. Es un caño que colabora
con el superávit fiscal, y ningún gobierno que hizo del equilibrio de las
cuentas su bandera resigna semejante flujo sin pelear.
Pero hay una arista que las otras miradas suelen pasar de
largo, y es la más incómoda. La 5617 se presenta como un régimen de percepción,
un pago a cuenta de Ganancias o Bienes Personales. En la teoría, quien la sufre
la recupera. En la práctica, para el enorme universo de monotributistas y de
personas no alcanzadas por esos impuestos, ese 30% no es anticipo de nada: es
costo puro. La devolución existe, sí, pero llega tarde, exige clave fiscal, CBU
y paciencia, y se licúa con la inflación mientras se tramita. Lo que en el
manual es un “pago a cuenta”, en la vida real de millones funciona como un
impuesto encubierto, cobrado en la fuente y de recupero cuesta arriba. La
percepción que se disfraza de crédito y termina siendo peaje.
Y por si el laberinto fuera poco, la propia norma dejó
abierta su vía de escape, y ahí el sinsentido se vuelve directamente teatro.
Cualquier persona física que quiera esquivar el 30% puede hacerlo con una
coreografía ya conocida: pide el stop debit en el banco, entra al home banking,
compra dólar ahorro al oficial y con esos mismos billetes cancela el consumo en
dólares de la tarjeta. Listo, no paga la percepción. Es decir, el mismo Estado
que impuso el recargo dejó la ventana abierta para no cobrarlo, a condición de
conocer el truco, tener caja de ahorro en dólares y dedicarle el rato. Un circo
perfecto: el que sabe se lo ahorra, el que no sabe lo paga, y en el medio sólo
queda burocracia pura —dos operaciones bancarias para neutralizar un tributo
que, se supone, ni siquiera es un tributo—. Con eso no se genera un solo dólar
genuino ni una sola estadística útil: es esfuerzo social quemado en barrer a
mano una hoja que debería haberse caído sola.
Y ahí aparece la contradicción de fondo. Un Gobierno que
quiere quemar leyes de palomas y de televisión en color por estar “superadas
por el paso del tiempo” mantiene, por decisión propia y sin necesidad de pasar
por el Congreso, una resolución que perdió a su tributo madre, que conserva
letra muerta sobre un cepo que él mismo levantó y que sobrevive a la
liberalización que él mismo celebró como un hito. La Ley Hojarasca es una gran
idea. Sería una idea mucho mejor si el rastrillo, alguna vez, también cruzara
la puerta del propio patio.
Porque depurar el ordenamiento no es solo prolijidad
jurídica: es coherencia. No se puede predicar la poda de la hojarasca ajena
mientras se riega la propia. El día que la 5617 se derogue —o al menos se le
saque el texto que ya no rige y se le ponga fecha de vencimiento al dólar
tarjeta— la Argentina no habrá perdido una caja. Habrá empezado a alinear la
letra chica con el discurso. Y habrá aprendido, por fin, que el otoño no se
termina de barrer hasta que uno mira debajo del propio escritorio.
